Las universidades se encuentran probablemente ante su peor momento desde la reapertura democrática. Desde que Javier Milei tomó posesión del cargo, la asfixia presupuestaria y la caída de los salarios de sus trabajadores han confirmado a las 57 universidades como uno de los principales objetivos del modelo libertario. Aunque en la madrugada del pasado viernes el Congreso dio un paso importante al aprobar por amplia mayoría la ley de financiación, Milei ya ha confirmado que la vetará por completo.
El argumento: el presidente rechazará cualquier norma que perjudique la meta de “déficit cero” que persigue. Por supuesto, pasa por alto que la nueva norma que garantiza el presupuesto para el sector representa apenas el 0,14 por ciento del PIB, mientras ignora otras normas y disposiciones que alivian las billeteras de la porción más rica del país, como la reducción del impuesto a los bienes personales y al lavado de dinero. Sindicatos, rectores, estudiantes y diversos actores agrupados en el Frente Sindical no se quedan de brazos cruzados y ya anticipan una megamarcha para principios de octubre.
La votación en el Senado estuvo marcada por una amplia mayoría de 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Rechazar una ley aprobada con un resultado tan rotundo obliga al presidente a exponerse a un nuevo veto, lo que consolida una posición ya observada con la discusión en torno a la Ley de movilidad jubilatoria: Gobernar a espaldas del Congreso“Ante el veto que ya anunció el presidente, nosotros pensamos seguir con un plan de lucha. Estamos planeando una nueva marcha universitaria para protestar contra esta situación. Estamos seguros que el marco será importante, porque desde diferentes acciones vemos que estamos en presencia de un gobierno autoritario. Gobernar por decretos y vetos es bastante parecido a una dictadura.”, indica a Página/12 Carlos De Feosecretario general de Conadu.
De hecho, continúa el dirigente sindical, la política económica y la represión que enfrentan los jubilados “son muy similares a las acciones llevadas a cabo por Martínez de Hoz y Videla”. “No sabemos si la gran marcha será en septiembre o principios de octubre. Seguramente apenas salgamos, convocaremos a una mega movilización en el marco de un paro nacional, que alcanzará bastante resonancia.«, dice.
La relación entre las universidades y el gobierno será espinosa. Han pasado cinco meses desde la megamarcha del 23 de abril y la situación de las universidades sigue siendo tan complicada como entonces. El gobierno, mientras tanto, sigue por el camino de la asfixia para lograr su principal objetivo a mediano plazo: la Tasas de matrícula para instituciones educativas en ArgentinaEn concreto, el acceso a la educación superior no es igual para todos.
Alfredo AlfonsoEl rector de la Universidad Nacional de Quilmes, señala: “Los rectores estamos muy contentos, creemos que la sanción de la Ley es un acto de justicia. Estamos plenamente agradecidos a todos los legisladores que la apoyaron”. Si el presidente lo veta, el diálogo continuará con las cámaras, principalmente con Diputados, para lograr esos 29 votos que faltan para alcanzar los dos tercios. Se trata de un trabajo arduo que estará acompañado de una agenda de actividades y visualización para que la sociedad pueda seguirlo.«.
Desde el ámbito estudiantil, la actualidad también se enfrenta al compromiso de apoyar a las universidades como principal potencia del futuro. Lucille LevyLa presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires, destacó a este diario: “Estamos muy contentos por el gran logro, se hizo un trabajo muy importante con la Federación Universitaria Argentina, en diálogo con los senadores para tratar de que apoyen esta ley. Una norma súper importante para la universidad pública en general”. Y luego, en relación al veto del presidente, agregó: «La situación no puede continuar más y es probable que nos encaminemos hacia una nueva movilización».
Una ley urgente y nuevos canales de diálogo
La Ley de Financiamiento Universitario declara emergencia presupuestaria para el sistema a nivel nacional. Para los gastos de funcionamiento, la iniciativa prevé la actualización de las partidas presupuestarias 2023, de acuerdo a la inflación de ese año de 211 por ciento y luego aplicar un aumento bimestral de acuerdo a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según la ley, los salarios deberán ajustarse desde el 1 de diciembre del año pasado de acuerdo a la variación acumulada de la inflación y, a partir de la sanción, se actualizarán mes a mes de acuerdo a la inflación anunciada por el Indec. Otro de los artículos busca garantizar “el aumento anual y progresivo del monto y la cantidad de beneficiarios de las becas estudiantiles”.
Carlos GrecoEl rector de la Universidad Nacional de San Martín, ofrece su perspectiva. “La ley es un excelente logro, no sólo para la comunidad universitaria sino para toda la sociedad. El objetivo era conseguir dos tercios de los votos y eso se superó. Cada grupo de rectores se reunió con los senadores de cada provincia y eso quedó registrado, y el diálogo fue muy valioso”.“Ya habíamos visto la falta de reciprocidad entre el Poder Ejecutivo y las universidades, por lo que se establece como canal alternativo de diálogo el Poder Legislativo. Incluso, no descartamos que en el futuro se establezca comunicación con el Poder Judicial”. Ante el veto, los rectores insistirán en trabajar con los legisladores para ratificar la ley..
Greco insiste: “Es fundamental seguir concientizando a través de charlas, clases públicas y manifestaciones en el entorno local para tener apoyo. Debemos entender que aún estamos sobreviviendo, que nuestros trabajadores, que constituyen nuestro principal capital, están muy precarios”.
A nueve meses de gobierno libertario, se estima que los trabajadores docentes y no docentes han perdido el 50 por ciento de su poder adquisitivo. Un profesor con dedicación exclusiva (40 horas semanales) gana 840 mil pesos; eso sin contar a los que tienen menos dedicación, o a los empleados administrativos y de servicios generales con baja categoría y salarios por debajo de esa cifra. Hay profesores que, a pesar de su trayectoria y como ocurrió en los años 90, ya están pensando en dejar la universidad y dedicarse a otras labores para poder sobrevivir.
“Más allá de cualquier acción que realicemos, marcha, movilización o actividades varias, siempre se discute lo mismo: por un lado, el presupuesto que el CIN sometió para su tratamiento y al que se referirá el presidente en su discurso del domingo; y por otro, la Ley de Financiamiento. En todo caso, Pedimos muy poco por todo lo que la universidad pública ofrece al país. Tenemos un modelo universitario exitoso desde hace 106 años y 75 años de desgravación arancelaria. Esto nos coloca en una posición de referencia internacional en América Latina y el mundo.”, apunta Alfonso.
La situación de los científicos, la mayoría de los cuales trabajan en universidades nacionales, no es menos preocupante. De hecho, así lo refleja el mensaje que Alejandro Díaz Caro, experto en computación cuántica del Conicet, compartió en sus redes sociales: “Volví hace 10 años con el programa Raíces. Hoy me voy con el programa Motosierra”.dijo el matemático que había sido repatriado en 2014 y ahora debe regresar a Francia en busca de nuevas oportunidades.
El ejemplo de Díaz Caro es uno entre muchos, dentro de un modelo de desarrollo que expulsa más de lo que atrae. En el caso de la Secretaría de Ciencia, el gobierno subejecuta el presupuesto e incumple la Ley de Financiamiento para el sector aprobada en 2023, que garantizaba el incremento plurianual de las inversiones para el sector; al tiempo que desactiva el papel de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que en administraciones anteriores se destacó por impulsar el desarrollo de buena parte de los proyectos y convocatorias.
La llama de la resistencia
Por estos días, la comunidad universitaria se debate entre el alivio por la aprobación de la ley y la angustia que el gobierno intenta difundir por todos los medios. Instituciones que tradicionalmente funcionaron como espacios de contracultura durante gobiernos dictatoriales y neoliberales, necesitan ahora recuperar una mística que, ante tanto cuestionamiento oficial, a veces parece estar en discusión.
De Feo, sin embargo, contraataca: “La aprobación de la Ley es consecuencia de la lucha que libraron la comunidad universitaria y los sindicatos en el segundo semestre. Antes de que comenzáramos el receso de invierno, se había intentado hacer una reunión para sesionar en la Cámara de Diputados y no hubo quórum. Con la lucha, la Ley fue aprobada en la Cámara de Diputados y en el Senado con amplia mayoría”.A través de huelgas y movilizaciones logramos mantener viva la llama de la resistencia.«, dice.
Combatir el oscurantismo no es fácil cuando el relato hegemónico invita a exaltar el individualismo a través de narrativas como el emprendimiento y a erosionar la solidaridad social. Sin embargo, la sociedad siempre ha encontrado formas de insuflar vida al vínculo y convencerse, una vez más, de que nadie se salva solo.
El modelo de país de Javier Milei no apuesta por el conocimiento indígena porque realmente no lo necesita. No cree en las capacidades instaladas, en el aporte de las universidades y la ciencia. La Ley de Financiamiento Universitario cuesta el 0,14 por ciento del PIB, por lo que no representa una cuestión de dinero sino de posición. Es el eterno tema que rodea a los economistas que se presentan como técnicos despolitizados y encubren decisiones políticas en cada movimiento. Decisiones políticas que, no casualmente, tienden a beneficiar a las minorías ricas y perjudicar a las mayorías empobrecidas. Afortunadamente, las universidades están ahí para salvar esta brecha.
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