Más allá de su aparente lejanía, el conflicto que se desarrolla actualmente en Ucrania entre Rusia y las potencias de la OTAN influye en la realidad política, económica y social de nuestra región. Uno de los aspectos que está generando una importancia cada vez más amplia es el de La contratación de mercenarios de origen latinoamericano para luchar en los ejércitos ucranianos.
La ausencia de militares, y sobre todo de jóvenes, en las milicias ucranianas no es un hecho menor. Si en marzo de 2022 el ejército El tiempo financiero informó que la edad media de los soldados ucranianos estaba entre 30 y 35 años, ya en 2024 Información empresarial Indicó que tenía 43 años (incluso ha habido reportes de escuadrones integrados por militares de hasta 63 años).
Una de las estrategias para paliar esta carencia es reclutar extranjeros, con o sin experiencia en combate, para que se unan a la “Legión Internacional de Defensa Territorial”. Sin embargo, se desconoce el número total de reclutas, su origen y el número de bajas.
Los bajos salarios militares, las bajas pensiones, la falta de oportunidades y perspectivas positivas para los jubilados, y en algunos casos incluso la experiencia en la lucha activa contra organizaciones criminales, hacen de los latinoamericanos uno de los principales objetivos a atraer para llenar los mermados ejércitos de Ucrania.
Con este objetivo, dentro de la estructura de la “Legión Internacional” se “Batallón Bolívar” (foto) una unidad especial para latinoamericanos. Actualmente está integrada en su mayoría por mercenarios de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, y está liderada por el autoproclamado “comandante” José David Chaparro, de origen venezolano.
Para llevar a cabo una estrategia comercial eficaz, los gobiernos de la OTAN recurrieron a verdaderos profesionales para el reclutamiento y entrenamiento de soldados y mercenarios.
Así es como algunas de las principales empresas estadounidenses dedicadas al suministro de combatientes pagados en diversas guerras y conflictos internacionales están detrás de la cooptación de combatientes latinoamericanos.
Tal vez la Compañía Militar y de Seguridad Privada (EMSP) más conocida sea Constellis Group, formada en 2014 a partir de la fusión de dos organizaciones rivales, Triple Canopy y la infame Blackwater, responsable de la muerte de 17 civiles inocentes en Bagdad en 2007, y que expuso la falta de límites con la que estas agencias a menudo operan en sus operaciones comerciales y militares.
También hay que tener en cuenta otras empresas con presencia en Ucrania, como la estadounidense DynCorp International y la británica Armor Group, junto a la peruana IdroneWall, que promueve la formación de una “legión extranjera hispanoamericana”.
La publicidad que suelen utilizar estas empresas para atraer a nuevas personas interesadas en luchar en Ucrania suele ser criticada por su ambigüedad y, en algunos casos, también por sus falsedades.
Se les ofrece un salario elevado de casi 5.000 dólares y una indemnización de unos 400.000 dólares por lesiones o muerte. También se les promete la ciudadanía ucraniana y europea.
En las plataformas, y especialmente en las redes sociales como TikTok, abundan los videos promocionales sobre las milicias ucranianas, que utilizan imágenes de archivo antiguas o incluso editadas. Las fotos de soldados solo resaltan los estereotipos de los hombres caucásicos, mientras que también hay videos en los que mujeres ucranianas jóvenes, vestidas con uniformes militares, declaran su interés en casarse con combatientes extranjeros.
Sin embargo, son muchos los testimonios de aquellos mercenarios que se han arrepentido ante la corrupción que impera en el ejército, el racismo de los jefes militares neonazis, el maltrato a los latinoamericanos y las trabas que impiden el pago de las cuotas pactadas, por ejemplo, en relación a la apertura de cuentas bancarias en Ucrania por parte de extranjeros. En general, se denuncia la imposibilidad de revertir contratos ya firmados para la prestación de servicios en la guerra.
Ante la pérdida de empleos que provocan las empresas dedicadas a reclutar mercenarios, algunos gobiernos de la región han comenzado a actuar para evitar que estos procedimientos se prolonguen en el tiempo.
Colombia, uno de los países latinoamericanos más afectados por el envío de ex militares a Ucrania, inició recientemente el proceso de adhesión a la convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, aprobada en 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Se trata de una iniciativa importante para la vida de quienes hoy lamentan una decisión fatal, tomada en respuesta a los cantos de sirena de organizaciones y gobiernos aliados exclusiva y secretamente, en nombre del lucro y la defensa de sus oscuros intereses.