En medio de disputas internas por el control de la gestión y los negocios en el sector energético, el gobierno se adentra en un territorio cada vez más conflictivo, sin planificación en la prestación del servicio y con un único objetivo claro pero con concreción poco transparente: la privatización y concentración. del sector en un puñado de empresas «amigas» que apoyan el deteriorado plan económico.
Después de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmara que «el próximo verano habrá cortes programados por falta de electricidad», el Ministerio de Energía esbozó un “Programa de Emergencia Verano 2024-2025” que incluye desde posibles recargos por exceso de consumo , uso extensivo de generadores móviles, “swaps” de energía con Brasil y Paraguay y menor suministro a grandes usuarios.
Franco intentó eximir de toda responsabilidad al actual Gobierno, culpando a los anteriores de que «hace años que no hay inversiones». Por otro lado, en estos últimos diez meses de gestión se produjeron cambios notables en el sector eléctrico: subidas de tarifas que multiplicaron hasta diez veces el valor de las facturas de los meses equivalentes del año pasado, anuncios de futuras privatizaciones de empresas públicas en el sector que está quedando inactivo. actividad en áreas sensibles del servicio, reducciones de personal y salarios en sectores operativos, y paralización de obras públicas a partir de diciembre de 2023, que interrumpió tareas que también afectaron el suministro eléctrico.
En cambio, otro logro clave del gobierno en estos meses jugó a favor de evitar el exceso de demanda sobre oferta: el colapso industrial en varios sectores y el desplome del consumo que se reflejará en una fuerte caída de la demanda eléctrica en las plantas. fábricas, empresas y hogares.
«La política energética del gobierno nacional, que a primera vista parece carente de planificación, sugiere que su objetivo final es la privatización y concentración del sector energético en un puñado de empresarios con el fin último de maximizar sus ganancias», afirma Nicolás. Malinovsky, director de Oecyt (Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología).
«En estos diez meses hemos visto un aumento de tarifas, leyes que avalan futuras privatizaciones, y ahora el anuncio de recortes programados, que intentan generar sentido común en la sociedad, como fue el caso al final del gobierno de Alfonsín, para rematar nuevamente el sector energético».
Argentina parece ir contra el mundo en materia energética. En un contexto global de disputa por el control de los recursos naturales necesarios para la transición energética, el gobierno promueve la pérdida de control de los espacios en los que se desarrollan conocimientos tecnológicos y capacidades profesionales para su implementación.
«En el mundo hay una disputa y carrera tecnológica por fuentes de generación de energía limpia», entre las que se encuentra la energía nuclear, afirma el director de Oetec. «La decisión del presidente Javier Milei de impulsar la privatización de Nucleoeléctrica Argentina SA y otras empresas energéticas (Enarsa, YCF) va en contra de lo que el país y la región deben hacer hoy en materia energética y el desarrollo de capacidades científico-tecnológicas que contribuyan a una red industrial», afirma.
Nucleoeléctrica, o NASA por sus siglas, es la empresa encargada de construir y operar plantas de energía. Actualmente son tres: Embalse, Atucha I y Atucha II. Pero estaban previstas otras dos, la cuarta y la quinta, que se iban a construir en colaboración con China. «Grandes proyectos nucleares están paralizados desde el gobierno de Mauricio Macri, bajo el objetivo de Estados Unidos de impedir que China ingrese a América Latina con inversiones en el sector, pero por otro lado con la intención de desmantelar el sector nuclear argentino», afirmó. asegura.
«El sector nuclear viene de ocho años de retroceso y el plan actual es parte de ese mismo proyecto según el cual la política energética argentina está comandada por el sector petrolero», afirma Malinovsky. Esta última semana, el director de Oetec formó parte de una delegación de expertos en energía nuclear que visitó el bloque de senadores de Unión por la Patria para advertir sobre los riesgos que implicaría la privatización de Nucleoeléctrica y los probables intereses que se esconden detrás del proyecto.
Las tres centrales nucleares en operación representan el 4,1 por ciento de la potencia instalada de la matriz eléctrica nacional y el 7 por ciento de la energía generada. «Nucleoeléctrica se encuentra entre los principales grupos empresariales en la generación de energía eléctrica, por lo que su privatización aboga por un aumento de la concentración del sector privado en el segmento de generación de energía eléctrica. Es por ello que privatizar total o parcialmente la empresa Nucleoeléctrica Argentina SA significa abrir una puerta al desmantelamiento del sector nuclear y la consiguiente pérdida de capacidades desarrolladas», dice el documento que los expertos entregaron a los senadores de la oposición.
El Plan Estratégico 2021/2030 de la NASA contemplaba, en sus aspectos centrales, la ingeniería para extender la vida útil de Atucha I (la empresa ya ejecutó un exitoso plan similar para Embalse), asesorar a la Comisión Nacional de Energía Atómica en el proyecto CAREM (reactor modular íntegramente diseñado y construida en el país), obtener financiamiento para la cuarta central nuclear (Atucha III) según el contrato comercial firmado con China en febrero de 2022, y poner en marcha el proyecto de la quinta planta.
En cambio, la nueva directiva encabezada por Alberto Lamagna lleva a cabo un proceso de concertación con profesionales altamente calificados para su retiro (más de veinte ya desertaron), ordenó la suspensión del proyecto CAREM y la cancelación de la cuarta y quinta central nuclear. y generó un clima social y laboral de malestar general por la suspensión de proyectos y la caída de salarios.
Paradójicamente, Nucleoeléctrica nació en los años 90 como un instrumento de desmantelamiento del sector, impulsado por el secretario de Energía del Mediterráneo de Domingo Cavallo, Carlos Manuel Bastos. Uno de sus principales asesores fue el actual secretario del área, Eduardo Rodríguez Chirillo.
Nucleoeléctrica Argentina SA fue creada en los años 90 con el objetivo de privatizar centrales nucleares, como parte del proceso de reforma y desmantelamiento del sector energético, llevado a cabo por Carlos Bastos, exsecretario de Energía de Carlos Menem y miembro de la Fundación. Mediterránea, que tuvo como asesor al actual secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.
El documento que los expertos dejaron en manos de los senadores se pregunta si Rodríguez Chirillo, que sigue vinculado a Bastos y Cavallo, no ha llegado ahora a completar el desmantelamiento del sector, en línea con los intereses de Estados Unidos, que abandonó. inacabado en los años 90. .