En medio de la presión de sectores de países productores de materias primas, la Comisión Europea propondrá un retraso en su ley para aplicar estándares de deforestación a nivel mundial. El requisito de certificación de que los productos agrícolas y ganaderos vendidos a la Unión Europea no procedieran de tierras deforestadas iba a entrar en vigor en enero de 2025. La nueva fecha de aplicación sería enero de 2026.
En el caso de Argentina, significó que las exportaciones de carne y soja a la Unión Europea, que rondan los 4 mil millones de dólares anuales, debieron estar sujetas a la presentación de las garantías correspondientes para ingresar al Viejo Continente a partir de enero.
Según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el promedio de exportaciones de carne a Europa de 2021 a 2023 fue de US$ 462 millones, el 14% del total enviado por este sector. Mientras que en el complejo sojero, tomando el mismo período, fue de US$ 3.556 millones.
El bloque europeo presentó un proyecto de enmienda para posponer por 12 meses las normas que apuntan a frenar la parte de la deforestación de la que es responsable la Unión Europea a través de sus importaciones de materias primas clave, como café, cacao, soja y carne vacuna.
El reglamento de la UE debía entrar en vigor el 30 de diciembre y ha recibido el rechazo de distintas entidades del agronegocio argentino, que se verían afectadas al tener que dar garantías de libre deforestación en su producción de soja y carne.
«Celebramos la reprogramación de la implementación del reglamento europeo de libre deforestación, resultado de un enorme esfuerzo de los gobiernos y las cadenas de valor», dijo la Cámara de la Industria Petrolera Argentina (CIARA).
Por su parte, la Sociedad Rural Argentina (SRA) destacó “la decisión tomada por la Comisión de la UE de pedir posponer y revisar la aplicación de la norma 1115/2023 en materia de deforestación agregada para productos destinados a ese mercado”. .
De ser aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo, la ley entrará en vigor el 30 de diciembre de 2025 para las grandes empresas, y el 30 de junio de 2026 para las micro y pequeñas empresas.