Mientras transcurren las negociaciones en la Cámara de Diputados por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno Nacional evalúa también recorrer el camino judicial. En la Casa Rosada están preocupados por el panorama en el Congreso Nacional y no descartan hacer presentaciones en la Justicia para ejecutar el desfinanciamiento de las universidades públicas.
«No sabemos cuál va a ser el futuro del veto», admitió el vocero presidencial, Manuel Adorni, ayer en conferencia de prensa y agregó que la ley sancionada el 13 de septiembre «incumple el reglamento» por «no especificar de dónde se sacan las partidas presupuestarias» para financiarla.
«Para nosotros la ley está viciada de incumplimiento de la norma», anticipó portavoz y no descartó «recurrir a la Justicia». «Nosotros no descartamos absolutamente nada. La judicialización es una oportunidad como lo fue con el veto anterior. Es una herramienta que tiene el Gobierno cuando ve una ilegalidad, es recurrir a la Justicia. No estoy diciendo que lo va hacer pero, ante la pregunta, es una posibilidad», agregó.
Mientras tanto, la Casa de Gobierno trabaja junto a los representantes de La Libertad Avanza en la Cámara baja para convencer a los diputados «héroes», que son quiénes tendrán la última palabra para ratificar el veto.
Por su parte, Adorni se refirió al Presupuesto 2025: “Nosotros apoyamos como nadie la universidad pública, pero apoyamos también la no demagogia y que las cosas se discutan donde se deban discutir. El Presupuesto 2025 es un muy buen ámbito y si no quieren que ese sea el ámbito y prefiere una ley, que de esa ley surja como se va a financiar el gasto que quieren ejecutar simplemente”.