El escándalo por la visita de seis diputados oficialistas a los genocidas presos en Ezeiza no está extinguido. Lourdes Arrieta, una de las visitantes, está decidida a continuar con la investigación en la que involucró al grupo de amigos de los represores –entre los que se cuentan algunos integrantes de la bancada de La Libertad Avanza (LLA). La diputada –que se hizo famosa por aparecer con un patito en la cabeza– logró llevar la discusión a la Cámara Federal de La Plata después de que desestimaran su denuncia y la rechazaran como querellante.
El 19 de septiembre pasado, el juez federal Ernesto Kreplak desestimó la denuncia de Arrieta por entender que estaba judicializando una discusión política. Más duro con ella había sido el fiscal Sergio Mola, que la acusó de ir a los tribunales para desmarcarse de una acción que la había tenido como protagonista.
Es que Arrieta estuvo el 11 de julio pasado en el Complejo VII de Ezeiza, donde están presos Alfredo Astiz, Adolfo Donda, Antonio Pernías, Raúl Guglielminetti, Marcelo Cinto Courtaux y Juan Carlos Vázquez Sarmiento, entre otros represores que actuaron durante la última dictadura. Arrieta fue invitada por un compañero del bloque de LLA, Beltrán Benedit, que también congregó a Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Fernanda Araujo y Rocío Bonacci. Todos ellos -con la excepción de Bonacci– posaron en una foto de familia con los torturadores.
Arrieta se arrepintió de su ida a Ezeiza: alegó no saber quién era Astiz y fue a la justicia federal de Lomas de Zamora para presentar una denuncia en la que abrió la compuerta hacia quienes conspiran contra las causas de lesa humanidad. Aportó tres grupos de WhatsApp en los que interactuó con diputados oficialistas, el cura Javier Olivera Ravasi, los abogados Laura Olea y Ricardo Saint Jean y el exjuez Eduardo Riggi, entre otros.
No tuvo eco en los tribunales, donde leyeron su jugada como una forma de desmarcarse ante la ola de indignación que generó el mitín entre diputados y genocidas. Su abogado, Yamil Castro Bianchi, apeló la decisión de Kreplak de dejarla fuera de la causa, y el juez le concedió el recurso para que el tema sea dirimido en La Plata.
Arrieta sostiene que hay medidas de prueba que nunca se concretaron. Por ejemplo, pedir información al Ministerio de Seguridad por la reunión que habría mantenido con la ministra Patricia Bullrich. Según la diputada, en ese encuentro, Bullrich le habría dicho que no hubo controles en el ingreso a Ezeiza porque no se necesitan para legisladores y le habría pedido que fuera cuidadosa en su denuncia con los miembros del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Por ahora, la investigación está centrada en las irregularidades a la hora de habilitar la visita de los diputados oficialistas a los genocidas. Para Arrieta eso es un error. “De contribuir a esa postura, la alzada estaría dejando en evidencia que solo se investiga a quienes no son poderosos”, manifestó en su escrito.
Arrieta pretende que se investiguen, al menos, cuatro hechos:
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Cómo se organizó la visita del 11 de julio. Para eso aportó los chats en los que se ve que antes de la visita hubo reuniones en la casona de Montevideo 871, que pertenece a Olivera Ravasi –el sacerdote que es hijo del genocida Jorge Olivera.
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Las presiones que ella denuncia haber recibido por parte de integrantes de la Cámara de Diputados y también del propio Astiz, que le habría dicho que la estaba esperando, que sabía quién era y que habría estado muy pendiente de Arrieta durante el encuentro en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de Ezeiza.
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La planificación de un plan de impunidad, que incluía la discusión de distintos proyectos y decretos para que la prisión domiciliaria sea automática a los 70 años y para ponerle coto a las investigaciones en marcha.
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El impulso de denuncias por prevaricato contra los jueces que son proactivos en las causas por delitos de lesa humanidad. Allí, la diputada le apunta a la jueza Agustina Díaz Cordero, que tiene un rol clave en el Consejo de la Magistratura: es su vicepresidenta. Díaz Cordero aparece mencionada por Olivera Ravasi en los chats y el cura dice que participó en marzo de un encuentro.
Esa parte de la trama quedó por fuera del objeto de la investigación que trazó el fiscal Mola, que, por ahora, sigue esperando que el SPF –que depende de Bullrich– remita la información que le pidió. Básicamente, la fiscalía pretende conocer cuáles son los reglamentos que regulan los ingresos a la cárcel. No debería ser tan difícil, pero la respuesta se hace esperar.
En su apelación, Arrieta sostiene que ya hay algunas cuestiones que lograron zanjarse a partir de la prueba que se recolectó. La diputada menciona que:
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Existiría un libro de guardia donde se consignaron nombres de personas que no concurrieron a la visita. Como informó Página/12, no solo eso: al juez Adrián Grünberg le enviaron partes del SPF en el que se mencionaba como visitante a la diputada María Emilia Orozco –que nunca llegó a subirse a la combi para ir a Ezeiza;
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Los diputados no fueron revisados ni siquiera mínimamente por el SPF. No pasaron ni por el detector de metales;
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Benedit habría entablado comunicaciones con Bullrich para facilitar el ingreso a las unidades penitenciarias;
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El grupo de amigos de los represores tendría influencia a través de la jueza Díaz Cordero.
El martes, el fiscal Félix Crous aportó videos que habían sido transmitidos por C5N en los que se veían cuán laxos eran los controles a los que fueron sometidos los diputados. Hay otro capítulo que también sigue abierto: todavía no hay juez que se hago cargo de la denuncia que presentó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) contra Benedit después de que escribiera en una chat de LLA que habían ido a ver a “excombatientes” en la lucha contra la “subversión marxista”. La denuncia por apología del delito quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, pero él remitió el expediente a Lomas de Zamora, donde la fiscalía dijo que no eran competentes.