46 años después, la Justicia federal comenzará a juzgar desde el miércoles por la mañana a tres exintegrantes del Servicio Penitenciario por el asesinato de 65 presos y las graves heridas provocadas a otros 88 que se encontraban encerrados en la cárcel de Devoto. La Masacre del pabellón séptimo, como se la conoce, la matanza carcelaria más grave en la historia del país, llega a debate oral luego de estar archivada durante más de tres décadas y tras ser considerada como crimen de lesa humanidad.
“Nos importa este juicio, creemos que es fundamental para que se haga memoria sobre este hecho así como para que se visualicen otras masacres carcelarias que no son tan lejanas, pero nadie investiga”, señaló la abogada Claudia Cesaroni, una de las responsables de rescatar del olvido a las víctimas de la Masacre de pabellón séptimo. La causa, que se mantuvo archivada durante más de 30 años, volvió a ser investigada luego de que Cesaroni y colegas insistiera en que el caso era un crimen de lesa humanidad, de que la matanza debía ser analizada en su propio contexto histórico: el genocidio que por entonces, y para aplicar los cambios sociales y económicos que el Poder requería, desplegaban las fuerzas armadas, las policiales, las de seguridad y, también, el Servicio Penitenciario, en todo el territorio nacional.
El 14 de marzo de 1978, los detenidos que guardaban encierro en el pabellón séptimo de la cárcel de Devoto fueron brutalmente requisados, luego brutalmente reprimidos incluso con armas de fuego y por último abandonados a la muerte en un incendio feroz que la guardia penitenciaria ni las autoridades de la prisión permitieron apagar. Las víctimas fatales fueron 65, los heridos graves, casi 90. De testigos, otros presidiarios y presidiarias. Entre elles, las presas políticas que la dictadura mantenía encerradas en Devoto.
En su momento, la causa tuvo un paso fugaz por el juzgado de instrucción número 28 en plena dictadura, que ordenó su archivo sin determinar responsabilidades. Fue desempolvada en 2011, por un pedido que realizó Cesaroni y su colega Denise Feldman luego de conocer personalmente a uno de los sobrevivientes, Hugo Cardozo. “Cuando escuchamos la historia entendimos que había elementos para rescatarla y para rehabilitar el reclamo de Justicia para todas estas personas. El hecho fue descomunal como para que quedara en la nada”, apuntó Cesaroni, quien en paralelo escribió un libro sobre la matanza carcelaria más grave de la historia del país.
Las abogadas solicitaron al juez federal Daniel Rafecas –a cargo de la causa por crímenes de lesa humanidad del Primer Cuerpo del Ejército durante la última dictadura– la reapertura del expediente bajo la consideración de que el hecho era un crimen de lesa humanidad. Tras revisar los hechos y tomar medidas de prueba, el fiscal Federico Delgado apuntó que no se trataba de un crimen de lesa humanidad en los términos que se planteaban en los expedientes que revisaban secuestros, torturas, abusos y asesinatos, entre otros tantos delitos cometidos durante el terrorismo de Estado. Con ese dictamen, Rafecas abonó la opinión de Delgado, pero consideró que la Masacre de Pabellón sí había sido un hecho de grave violación a los derechos humanos y, por tanto, se debía investigar. Intentó que lo hiciera la Justicia ordinaria. Las abogadas apelaron y la Cámara Federal les dio la razón.
“Diez años después, acá estamos”, celebró, a pesar de las demoras, Cesaroni. El Tribunal Oral Federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Nicolás Toselli y Daniel Obigado y la jueza Adriana Palliotti, juzgarán a partir de esta mañana a tres de los cuatro acusados que pudieron ser imputados: Juan Carlos Ruiz, que era el director de la cárcel aquel marzo del ‘78; Horacio Galindez, por entonces jefe de la División Seguridad Interna de esa prisión, y Gregorio Bernardo Zerda, excelador. Zerda fue quien encendió la mecha de la masacre. Según reconstruyó el medio comunitario La Retaguardia, que transmitirá el debate, el 13 de marzo de 1978, el celador ordenó a un grupo de detenidos del Pabellón Séptimo que apagara la tele. Jorge Tolosa, uno de esos detenidos, le dijo que esperara a que terminara la película que estaban viendo. El pedido le valió a Tolosa un intento de secuestro esa madrugada y a sus compañeros de pabellón, que lo impidieron, la masacre.
“Para nosotros este caso es un link entre el pasado y el presente para poder entender las condiciones materiales de detención en comisarías y cárceles en la actualidad a la luz de esta masacre tremenda y de todas las que sucedieron sin que nadie investigara. Es muy importante que estos crímenes se consideren crímenes de lesa humanidad”, concluyó Cesaroni.