Seguidores del expresidente Evo Morales intensificaron este martes bloqueos de carreteras en Bolivia en defensa de su líderinvestigado por presunto abuso a un menor durante su mandato en 2015. Los cortes de carreteras se concentraron en la región central de Cochabamba, que durante la jornada registró cuatro puntos de bloqueo y un quinto en el límite de esa región con la oriental Santa Cruz, el motor económico del país. moralesOMS asegura que el caso abierto por la fiscalía es parte de una persecución urdida por el gobierno del ex ministro y actual adversario Luis Arce, permanece refugiado en la provincia cocalera del Chaparesegún informaron fuentes de su partido a la agencia AFP.
Cortes, gases y 13 detenidos
Con piedras y tierra, los manifestantes bloquearon las vías que conectan Cochabamba, donde Morales tiene su base política, con las ciudades de La Paz, Sucre y Santa Cruz, según la estatal Autoridad de Carreteras de Bolivia (ABC), que reportó este martes dos nuevos rutas bloqueadas además de las tres del lunes. En Parotani, localidad en la ruta entre Cochabamba y La Paz, se registraron por segundo día enfrentamientos con la policía.
Los manifestantes arrojaron piedras, petardos y encendieron hogueras. La policía reprimió con gases lacrimógenos, pero no logró desbloquear las carreteras. Varias personas que viajaban en autobús por Parotani tuvieron que pasar por allí con bultos y maletas a la espalda, entre piedras, tierra y neumáticos con los que los manifestantes bloqueaban el paso. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) denunció que Detienen 300 camiones cisterna con combustible para abastecer a distintas ciudades en las carreteras debido a los bloqueos.
Desde Parotani, el líder campesino Ricardo Cardozo dijo: «Si tocan al hermano Evo, este bloqueo será peor; por dos meses, tres meses, hasta fin de año». El gobierno informó que al menos 13 personas fueron arrestadas por posesión de artefactos explosivos y por obstruir el trabajo policial. El diputado «evista» del MAS, Pacífico Choque, que acompañó a los detenidos que luego fueron liberados, calificó el hecho como un caso armado ya que el Ministerio Público no logró encontrar prueba alguna en su contra.
«Es un proceso absolutamente ensamblado»
El Ministro de Gobierno, Eduardo del CastilloSeñaló que cada punto de bloqueo será analizado individualmente antes de proceder a su desalojo y acusó a Morales de liderar una «dictadura sindical» con el que saca a la gente a la calle. Además de «proteger la libertad y la integridad» de Morales, el Pacto de Unidad, un grupo de organizaciones afines al expresidente de 64 años, se movilizó para protestar contra la crisis económica derivada de la escasez de dólares y combustible.
El Pacto de Unidad también condicionó su asistencia a cualquier mesa de diálogo a «la derogación del decreto supremo que establece la pausa ambiental», que surgió como una respuesta urgente a la devastación provocada por los incendios forestales. «Estas estrategias constituyen la base de cualquier diálogo democrático, sano y transparente ante la profunda crisis que atraviesa nuestra economía», afirmó el dirigente campesino Enrique Mamani.
El secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, Humberto Claros, sostuvo que «el gobierno resuelve definitivamente estos problemas en un diálogo sincero o se va definitivamente del país». Claros denunció que el gobierno está detrás de «la grave persecución política judicial» contra el expresidente. «Es una grosería lo que se está haciendo contra el hermano Evo Morales«Es un proceso absolutamente montado, cruel, planificado en la oscuridad», afirmó el dirigente.
Los grupos afines a Morales condicionaron cualquier diálogo a que el Ejecutivo reconozca el congreso del partido donde Morales fue ratificado como presidente del MAS y lo nombre candidato, que garantice que está habilitado para ser candidato en 2025 y que levanten los procesos contra a él. El expresidente del gobierno considera que el bloqueo es «por motivos políticos y personales» y advirtió que la medida afecta la economía popular que Morales y sus seguidores dicen defender.
En medio del enfrentamiento entre Arce y Morales, el presidente sorprendentemente decidió renovar la cúpula de la policía nacional, incluido su comandante y otra veintena de agentes. Augusto Juan Russo asumió de manera interina en sustitución de Álvaro José Álvarez al frente del equipo. Durante su discurso de toma de posesión, Russo destacó su «fuerte compromiso con el pueblo y el gobierno de Bolivia» y anunció que apaciguará «cualquier intento de romper el orden establecido».
La denuncia contra Evo
Morales, el primer indígena que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, está siendo investigado por los delitos de «violación, trata de personas y contrabando». La fiscalía del departamento de Tarija señala que Morales tuvo una relación en 2015 con una menor de edad, cuando ella tenía 15 años, y que a ambos les nació una hija un año después.
El jueves pasado, Morales se negó a presentarse a la citación del Ministerio Público. Ante su negativa, la fiscal del caso, Sandra Gutiérrez, advirtió que podría girar orden de aprehensión contra el expresidente. Gutiérrez ya emitió una orden de arresto contra Morales a finales de septiembre, pero el tribunal anuló su decisión tras una apelación.
La Fiscalía anunció que iba a ordenar nuevamente la detención de Morales para obligarlo a declarar, aunque se desconoce si el documento fue emitido. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, indicó este martes que por ahora la policía boliviana no ha recibido la orden de aprehensión contra Morales y aseguró que cuando llegue las fuerzas de seguridad la cumplirán.
El ministro dejó claro que «si alguna vez recibimos una orden de arresto contra cualquier persona en nuestro país, La policía boliviana no tiene por qué cuestionarse si esa orden es buena o malala policía debe cumplir con los documentos que recibe», y agregó: «La policía boliviana no delibera, no decide, cumple con lo que determinan los fiscales y jueces del país».
El viernes, la policía arrestó al padre de la presunta víctima de estupro. Según la fiscalía, los padres inscribieron a su hija en la «guardia juvenil» de Morales «con el único fin de escalada política y obtención de beneficios», lo que constituiría el delito de trata y tráfico de personas. Si el proceso avanza, el expresidente enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión.
Convertido en opositor al gobierno de su exministro Luis Arce, Morales tacha el caso como otra mentira y recuerda que este mismo caso ya fue investigado y archivado por la justicia en 2020. Según Morales, el gobierno de Arce reactivó el caso para impedirle asistir. a las elecciones presidenciales de 2025.