En agosto, analistas del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) compartieron un informe interno con agencias locales. advirtiéndoles sobre los riesgos económicos del uso de baterías de almacenamiento chinas para servicios públicos. Advierte que la dependencia de las baterías chinas podría perjudicar el desarrollo de una cadena de suministro segura en Estados Unidos.
El documento obtenido por primera vez por Property of the People, una organización sin fines de lucro dedicada a la transparencia de la seguridad nacional, y visto por WIRED, acusa a las empresas chinas de «utilizar el apoyo estatal de la República Popular China para ingresar de manera rápida y económica al sector de almacenamiento de energía en baterías de servicios públicos de EE. UU.» y crear dependencias de China en la cadena de suministro»; y solicita la notificación de cualquier actividad sospechosa.
¿Qué dice el informe?
En concreto, señala que las tres empresas: Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), Build Your Dreams (BYD) y Ruipu Energy Co. Ltd. (REPT) Se han «beneficiado de diversas formas de ayuda estatal y las han aprovechado para promover estrategias comerciales encaminadas a ganar cuota de mercado en Estados Unidos».
Según la empresa surcoreana de investigación energética SNE Research, CATL y BYD lideran actualmente con diferencia el tráfico mundial de baterías de almacenamiento de energía, con una cuota del 40% y el 12%, respectivamente. Ocho de las 10 principales empresas del sector son chinas, por lo que existen pocas alternativas a las que recurrir a la hora de construir sistemas de almacenamiento en red. El informe se basa en documentos anteriores que analizaban «el uso de tácticas no competitivas por parte de empresas chinas respaldadas por el estado en las cadenas de suministro de vehículos eléctricos (EV) y baterías».
En 2022, CATL cerró un acuerdo con Primergy Solar para construir el proyecto de almacenamiento y energía solar más grande de EE. UU. en Nevada, que entró en funcionamiento este año. Sus productos de baterías también fueron utilizados por Duke Energy, una empresa de servicios públicos con sede en Carolina del Norte; aunque este último eliminó a CATL como proveedor en bases marinas después de que los legisladores de Washington se preocuparan por la seguridad nacional. Por su parte, el portavoz de CATL, Fred Zhang, rechaza la categorización de que la empresa haya dependido del apoyo estatal para obtener una ventaja: «La empresa ha logrado un enorme crecimiento gracias a la innovación continua, una planificación estratégica con visión de futuro y un compromiso con productos de alta calidad en un costo razonable», afirma la declaración enviada por correo electrónico.
DHS, BYD y REPT no respondieron a la solicitud de comentarios de WIRED.
El comienzo de la codependencia
Tras los esfuerzos de Estados Unidos por frenar la competitividad de las empresas asiáticas de vehículos eléctricos, el gobierno también expresó su preocupación de que las empresas de servicios públicos nacionales dependan demasiado de las baterías chinas para almacenar energía. En los últimos años, Estados Unidos se ha puesto al día con el sector de las baterías: la Ley de Reducción de la Inflación y la Ley Bipartidista de Infraestructura establecieron créditos fiscales a la inversión y otros incentivos económicos para aumentar la capacidad de almacenamiento de energía en el país. En septiembre, se otorgaron otros 3 mil millones de dólares en incentivos a proyectos que impulsen la producción nacional de baterías.
Estos apoyos también son el foco del informe del DHS, que alega que las empresas con sede en China se están centrando en los incentivos estadounidenses para aumentar aún más su participación en el mercado.: «A partir de la primavera de 2023, el sitio web público de BYD destacó cómo los incentivos estatales pueden hacer que los sistemas de almacenamiento de la empresa sean una inversión atractiva», confirma el informe. WIRED no encontró el sitio web de BYD al que se hace referencia en el informe. Además, el portavoz de CATL afirmó que la empresa «no recibe ningún incentivo federal o estatal de Estados Unidos».