El sentido último de la democracia está dado por la búsqueda, que debe ser incesante, de la vigencia integral de los derechos. En términos pragmáticos se puede argumentar que es imposible alcanzar derechos integrales, pero en el marco de los valores democráticos nunca se debe renunciar a ese objetivo. Por muy utópico que sea.
En materia de comunicación tenemos un ejemplo cercano muy ilustrativo. Lula y su gobierno torcieron el brazo de Elon Musk y la red X en Brasil. No quisieron someterse a las leyes brasileñas y finalmente, en defensa de la soberanía y del derecho a la comunicación, el gobierno de Lula, a través de la Justicia, logró que lo hicieran.
¿Las razones? Alguien podrá decir que Musk cedió para garantizar la entrada de Starlink a Brasil, Starlink es su negocio… o uno de sus negocios. Es cierto. Pero lo que haga tendrá que ser seguir las normas y reglas del juego del gobierno brasileño.
En Argentina, en cambio, renunciamos a nuestras reglas, dejamos todos los caminos abiertos y en nombre de la “libertad” ni siquiera defendemos nuestra soberanía… y las inversiones anunciadas siguen sin llegar.
La comunicación es parte de los derechos humanos y así ha sido ampliamente reconocido social, cultural y políticamente. Aunque ya no es un tema de discusión teórica, su aplicación en la mayoría de las sociedades actuales está lejos de reflejarse en hechos. Y con excepciones Tampoco existen -como ocurre en otros temas- acciones positivas por parte de estados y gobiernos para alertar sobre violaciones y promover garantías para su cumplimiento..
Esto a pesar de que el derecho a la comunicación debe entenderse como un “derecho clave” en la medida en que habilita todos los derechos humanos; siempre que se entienda que la mención de comunicación no puede limitarse únicamente al uso de medios y tecnologías para transmitir, difundir o divulgar. La comunicación en su sentido integral va mucho más allá de una operación técnica o tecnológica, para situarse en el tejido de la práctica histórico-social de las personas que viven en una comunidad. Es decir, la comunicación es parte integral de la vida ciudadana y no puede entenderse fuera de las prácticas sociales llevadas a cabo por los sujetos de la historia.
Pero esa misma complejidad es la que convierte el escenario comunicacional en un ámbito atravesado por disputas de poder y luchas económicas, políticas, sociales y culturales. De tal manera que la defensa de este derecho en democracia requiere de acciones constantes y renovadas, la mayoría de las veces plagadas de las mismas dificultades y resistencias que enfrentan otros ejes constitutivos de la democracia.
El Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (20522 de 10.10.2009) logró captar varios de los temas más importantes del debate comunicacional que se estaba dando en la sociedad y alertar sobre temas centrales. Fue una herramienta importante, aunque se pueden señalar limitaciones. Precisamente por su valor en términos de restitución de derechos Fue uno de los primeros objetos de mutilación jurídica por parte del macrismo apenas asumió la presidencia en 2015 y ahora por parte del gobierno de Milei.
Hoy, quince años después de su promulgación, pocos lo recuerdan y gran parte de la dirigencia política evita sistemáticamente debates estructurales y de fondo sobre comunicación vinculados a la ciudadanía y la participación, porque hacerlo es confrontar factores de poder.
El gobierno del Frente de Todos, encabezado por Alberto Fernández, poco o nada hizo al respecto.. No basta con denunciar “campañas mediáticas” o “fake news” si no se generan no se enfrentan decisivamente medidas encaminadas a facilitar el acceso plural a todos los escenarios y plataformas de comunicación por parte de los distintos actores ciudadanos sin distinción alguna y competencias de todo tipo en el que se establece una comunicación desigual y claramente opuesta a los valores democráticos.
Los poderes corporativos en América Latina, también en Argentina, han logrado una doble victoria en términos de comunicación: utilizar todo el sistema de comunicación para operar a favor de sus intereses globales e impedir que la sociedad debata temas de comunicación, eliminando la comunicación de la agenda.
A través de operaciones de comunicación, los mismos grupos de poder manipulan las agendas de diferentes maneras, con el fin de establecer De qué se puede hablar y de qué se debe omitir.. Lo que ha quedado en la agenda es el debate sobre la importancia de la comunicación en la vida política y la democracia de nuestros países. Quienes se ven favorecidos por la situación actual del escenario comunicativo no lo hacen –por razones obvias. Pero de manera mucho más sorprendente, tampoco la dirigencia política actual, perjudicada por el manejo de la comunicación actual, intenta hacerlo; Sólo hacen quejas o reproches esporádicos que luego no van a la raíz del problema y, mucho menos, se traducen en iniciativas efectivas para cambiar la situación.
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