La Cámara de Comercio Internacional de México (CCI) destaca la necesidad de un análisis integral y lento de la iniciativa del Gobierno de México para garantizar el acceso a la seguridad social de conductores y repartidores de plataformas digitales, a través de la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La CPI insiste en que es esencial incluir todas las perspectivas, tanto económicas como sociales, y garantizar que todos los actores participen en el debate. Asimismo, propone cuatro recomendaciones para desarrollar una legislación que no sólo impulse la economía, sino que también avance en los objetivos sociales de la reforma.
La Cámara Internacional de Comercio de México advierte que la implementación apresurada de esta reforma podría afectar la independencia que caracteriza a estas fuentes de ingresos.
Sugiere estudiar detenidamente los modelos adoptados por otros países para regular la relación entre plataformas y trabajadores. España, con su Ley Rider, adoptó un modelo laboral tradicional que, aunque bien intencionado, supuso la pérdida de miles de puestos de trabajo para los repartidores.
Por otro lado, California y Chile han desarrollado enfoques que combinan la independencia con el acceso a la seguridad social. Actualmente, Brasil y Colombia analizan iniciativas en la misma dirección.
La propuesta del ejecutivo federal tiene como objetivo regular el trabajo de conductores y repartidores en la Ley Federal del Trabajo, permitiéndoles registrarse en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según explicó la secretaria del Trabajo, Marath Bolaños. La iniciativa busca brindar acceso a la seguridad social a 658 mil repartidores y conductores que reciben un ingreso mínimo mensual de MXN$7,468. Sin embargo, Uber sostiene que el esquema tradicional de seguridad social no refleja la realidad de las plataformas digitales, ya que el 70% de sus conductores y repartidores están en línea menos de 10 horas a la semana.
«El objetivo de esta ley es que tengan derechos. Que tengan derecho a la participación en las utilidades, que tengan derecho a ser atendidos por la seguridad social si tienen un accidente, que tengan derecho a la seguridad social si trabajan a pleno rendimiento». «Estamos mejorando las condiciones de vida de los repartidores en México», dijo Claudia Sheinbaum durante su conferencia.
Según Sheinbaum, las plataformas digitales ayudaron a muchas familias a generar ingresos extra durante sus momentos más vulnerables; Sin embargo, el modelo de negocio promueve una forma de empleo que elude las obligaciones laborales de las empresas. «Las empresas transnacionales que operan en este sector han optado por contratar repartidores como socios, lo que en la práctica les permite evitar reconocer los derechos que deberían tener estos trabajadores», aclaró el presidente.
Por otro lado, la ICC México también destaca que regular este sector bajo un esquema laboral tradicional podría provocar una reducción significativa de empleos y afectar negativamente a sectores clave como restaurantes y mipymes, que dependen de estos servicios. Un aumento en los costos de la plataforma podría reducir las ventas en un 30%, afectando tanto a la economía local como a la creación de empleo.
Si bien la intención de brindar mayor protección social a los trabajadores de plataformas es loable, la ICC México insiste en la importancia de encontrar un equilibrio que permita el acceso a la seguridad social sin comprometer la flexibilidad y la independencia laboral, garantizando al mismo tiempo el desarrollo continuo de las plataformas como motor de crecimiento económico. crecimiento en el país. En este contexto, la CPI México ha hecho cuatro recomendaciones esenciales para el proyecto de ley:
- Preservar la figura del trabajador independiente: La ley debe definir claramente los criterios para distinguir entre trabajadores independientes y aquellos que estarán sujetos al nuevo esquema laboral que propone la reforma.
- Reconocimiento de gastos operativos: Es necesario que la legislación considere que los conductores y repartidores inviertan en herramientas como vehículos, gasolina, mantenimiento y dispositivos móviles, y que las contribuciones a la seguridad social se calculen en función de sus ingresos netos.
- Esquema fiscal justo: La reforma debe evitar imponer un régimen tributario tradicional que aumente significativamente la carga tributaria sobre estos trabajadores.
- Protección de la propiedad intelectual: Es crucial que la reforma incluya mecanismos que brinden certeza sobre el funcionamiento de las plataformas, sin comprometer la propiedad intelectual de las empresas tecnológicas.
Ante este panorama, la ICC México ha llamado a todos los actores involucrados a participar en un diálogo constructivo para garantizar una regulación justa y viable, tomando en cuenta las lecciones aprendidas de otros países que han logrado soluciones efectivas.