A partir del 1 de noviembreun empresario o cualquier particular que reclame la propiedad de un bien del Estado puede conservarlo si el Gobierno no responde dentro de un plazo determinado. Se trata del “silencio positivo”, cifra incluida en el artículo 31 de la única ley que el oficialismo logró aprobar en el Congreso y que modifica la 19.549 (Ley de Procedimiento Administrativo).
Lo que decía esta norma en el punto 10 es que cuando existan reclamaciones “que requieran un pronunciamiento específico, se interpretarán como negativas”.. Y que “sólo mediante disposición expresa se puede dar un sentido positivo al silencio”. Otorgó un plazo de respuesta: 60 días.
Ahora es todo lo contrario: si el Estado no se pronuncia, la respuesta se interpretará como positiva.. Por ello, la modificación fue duramente cuestionada por la oposición no aliada al Gobierno, porque Habilita innumerables “negocios inmobiliarios” a los que la administración de La Libertad Avanza y el PRO intentaron abrir la puerta.
La regulación del «silencio positivo»
La Decisión Administrativa 836/2024 establece que “a partir del 1 de noviembre de 2024, las dependencias de la Administración Pública Central, incluidos los organismos desconcentrados, deberán implementar Silencio con sentido positivo en el marco de los procedimientos administrativos en los que se tramita la concesión de una autorización administrativa.a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) o la que el departamento correspondiente utilice para tales efectos.”
La medida firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ahora excanciller Diana Mondino Deja a la deriva las propiedades del Estado y hace posible que cualquiera pueda conservarlas.. Particularmente las grandes empresas que se instalaron en algunas sin permiso para realizar emprendimientos o desarrollos.
La advertencia de Juliana Di Tullio
Durante su tratamiento en el Senado, La legisladora de Unión por Todos (UxP), Juliana Di Tullio, había advertido que con esta modificación se pretendía habilitar “negocios inmobiliarios”. privado pero con patrimonio estatal.
Se lo planteó a Carlos Nielsen Enemark, el abogado enviado por el Gobierno nacional para responder consultas al respecto.. El abogado admitió que así fue. «Dígale que me quedo con el terreno que tiene AABE, que no me respondió en 60 días, entonces el significado es positivo y ahí exijo el registro, la emisión de un certificado y la autorización correspondiente en la sede administrativa. Es lo que usted decir correcto? «¿Estoy diciendo?», Preguntó el senador.
Nielsen Enemark respondió que tenía razón y no sólo eso, sino que también aclaró que esta iniciativa «Tiene una matriz diseñada para entregar recursos del Estado a determinados actores privados».