Como parte del intento de acelerar las privatizaciones y el desmantelamiento del Estado, el gobierno publicó en la última semana de octubre un decreto ordenando la subasta de 309 propiedades. Algunas ni siquiera son propiedad del Estado nacional. Además, el mismo razonamiento se utilizó para justificar la venta de «terrenos baldíos o edificaciones innecesarias para su gestión», que habían sido utilizados en 2016 y 2019 (gobierno de Mauricio Macri) para «vender» terrenos de gran valor, por ejemplo manzanas sin construir. en Puerto Madero, por debajo de su valor de mercado, asegurando que en cada subasta participara un solo postor, y que también fuera beneficiada una empresa o sociedad estrechamente vinculada al gobierno. Una denuncia de la Oficina Anticorrupción de 2020 y un dictamen del más reciente Auditor General de la Nación (noviembre de 2023) coinciden en que, producto de estas operaciones, se provocó una pérdida fiscal (ventas por debajo del valor real) del 62 . millones de dólares para el Estado.
«Intentan repetir la misma maniobra: convocar una subasta urgente, bajar el avalúo del inmueble respecto al valor de mercado y que se presente solo un postor», dice un profesional que colabora con la Asociación de Personal del INTA (APINTA), que ya presentó una denuncia por la inclusión del edificio Cerviño 3101 en CABA (esquina con Ortiz de Ocampo), donde se ubica un centro de investigaciones, un laboratorio especializado en innovaciones tecnológicas y varios departamentos técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
«No es un terreno baldío, como dice en los considerandos del decreto 950/2024 que autoriza las subastas 309; no es un edificio en desuso o inservible, como dice en otro considerando. Pero es un edificio en una zona muy cotizada». -Después de la zona de Buenos Aires, tiene un valor de 10 millones de dólares y a los pocos días se publicó el aviso ofreciéndolo en una futura subasta (argentina.gob.ar/subasta inmobiliaria en curso interesados», comenta el); quejándose irónicamente del profesional.
Se trata de un inmueble en Alto Palermo, a menos de 200 metros de Libertador y Coronel Díaz, sobre un terreno de más de 900 metros cuadrados y más de 3.000 metros cuadrados cubiertos, con oficinas e instalaciones en excelentes condiciones. Es uno de los 309 inmuebles incluidos en el anexo del Decreto 950, publicado en el Diario Oficial el 24 de octubre.
Propiedades «mal vendidas»: la continuación
El decreto sostiene que estas ventas son la continuación de las del periodo 2016-2019, durante el cual se realizaron al menos diez adjudicaciones que en 2020 fueron denunciadas por la Oficina Anticorrupción por tener «propiedades mal vendidas» en beneficio de personas o empresas. vinculado al gobierno. Por Mauricio Macri.
Las adjudicaciones de la AABE en ese período fueron revisadas posteriormente por la Contraloría General de la Nación, que en sentencia de noviembre de 2023 determinó que en esas diez operaciones se adjudicaron “innecesariamente” inmuebles por debajo del valor de mercado señalado por el Tribunal de Avalúos de la Nación. , con una pérdida para el Estado nacional del orden de 62 millones de dólares.
Los adjudicatarios de estas propiedades fueron, principalmente, «tres empresas: Consultatio, de Eduardo Constantini; TLGT, de Nicolás Caputo, y Santa María, del Grupo Techint, que hicieron negocios millonarios que ahora quieren reeditarse», indica el denuncia ante las autoridades. del INTA.
La Oficina Anticorrupción reportó estas operaciones en 2020 (Página 12 dio amplia cobertura al tema, ver “Las fabulosas propiedades para amigos que subastó el gobierno de Cambiemos”, de Raúl Kollmann, 17 de septiembre de 2020) y en noviembre de 2023 la AGN presentó su dictamen tras la auditoría a la gestión de AABE sobre estas mismas operaciones.
La queja sindical
En la nota que la asociación de trabajadores del INTA dirigió al miembro representante de la Federación Agraria en la Junta Directiva del Instituto, Pedro Paillole, señalan:
«El Decreto 950/2024 en la parte que dispone la enajenación del edificio del INTA en Avenida Cerviño 3101, CABA, es absolutamente nulo, ya que el inmueble es propiedad del INTA, entidad autónoma por ley con patrimonio propio. Por lo tanto sus bienes no pueden ser enajenados por el Poder Ejecutivo mediante decreto».
Apinta agrega en la misma nota que el mismo acto administrativo (el decreto) que dispone la venta del edificio «es nulo por falta de causa, ya que los hechos antes mencionados no existen y el derecho invocado es falso (se refiere a los considerandos del decreto), el objeto no es jurídicamente posible e incurre en abuso de poder».
Estos conceptos jurídicos se amplían y explican hacia el final de la misma nota, donde como conclusión Apinta afirma:
«Tenemos entonces que la base del Decreto 950 es resucitar el caos que le costó al Estado 62 millones de dólares. No lo apoyamos. Así lo dice su considerando octavo»
«Los considerandos del decreto 950 fueron escritos para un terreno baldío. Y la desidia del PEN hizo que copiar pegary lo introdujo para justificar erráticamente 309 enajenaciones que nada tienen que ver entre sí. Los hechos alegados por el decreto son falsos. Por tanto, el acto administrativo es nulo.»
El sindicato acusa al Ejecutivo de «incurrir en desviación de poder», lo que implica que «el funcionario actúa con un fin distinto al perseguido por la ley», citando la doctrina. Y luego cita que «el Procurador del Tesoro Nacional ha dicho que el interés público podría verse seriamente afectado, y con ello podría producirse un desvío de poder, ante un acto que genera una desinversión de bienes del Estado realizado sobre la base de un ridículo precio.»
Y agrega: «Mentir que un activo está ocioso o genera gastos al Estado para justificar su venta, cuando en realidad lo que se busca es subastarlo para favorecer a algún privado (en perjuicio del INTA), mientras que al mismo tiempo «El tiempo que se persigue con el desmantelamiento del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación Pública, no sólo es un abuso de poder, sino que excede la sanción de nulidad del acto administrativo: entramos ahora en el terreno de las sanciones penales.»