La reducción del gasto en jubilaciones y pensiones en lo que va de la administración Milei representa el 25,3% del total de los recortes de la Administración Pública Nacional. Gran parte del “superávit fiscal” deriva de la aplicación de la motosierra sobre los activos de pensiones.
En el trimestre septiembre-noviembre de 2024, el poder adquisitivo de las jubilaciones con bono estuvo 13,1 por ciento por debajo del mismo período del año anterior, mientras que las que no tenían bono estaban un 4 por ciento de retraso, según un informe del Centro de Economía Política Argentina ( CEPA).
La liquidación de haberes es mayor porque el Gobierno mantiene congelado el bono compensatorio que recibía el 70% de los jubilados desde marzo: se fijó en $70.000 y se proyecta mantenerlo en ese valor durante 2025. “Mientras que los activos aumentaron entre marzo y diciembre un 93,1 %, el mínimo, con bonificación incluida, sólo aumentó un 61,2%. Si se hubiera actualizado en la misma proporción, el bono debería ser de $135.140 en diciembre, es decir $65.140 más que el monto actual”, detalla el documento.
La desigualdad, entonces, también se refleja dentro del mismo sistema ya que la pensión mínima sufre una caída real de 16,5 por ciento en relación con los salarios más altos de la escala.
En declaraciones recientes, el presidente Javier Milei aseguró que “las jubilaciones han crecido un 5%, en términos reales, por encima de la inflación” y que “en dólares, el poder adquisitivo de los jubilados se ha disparado”. En la misma línea, el ministro de Economía Luis Caputo remarcó recientemente que de diciembre a la actualidad «las jubilaciones sin bono subieron un 158%».
Sin embargo, desde que asumieron el poder implementaron políticas de ajuste de las asignaciones a las personas mayores. Cuando la inflación creció considerablemente durante los primeros meses de administración, decidieron hacer aumentos parciales y únicos. Así, los activos no se vieron beneficiados por la megadevaluación y la escalada de precios.
En abril el incremento fue 27,38 por ciento, que incluyó 12,5 por ciento de la recomposición y 13,2 por ciento de la inflación de febrero. En mayo, 11 por ciento, como resultado de la inflación de marzo. Y en junio, el 8,8 por ciento debido a la inflación de abril.
Luego se aplicó el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024, que modificó la ley de movilidad de los haberes jubilatorios: a partir de julio se actualizarían todos los meses según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En un principio, la iniciativa permitió compensar una parte de lo que habían perdido, pero actualmente con el índice cayendo y el bono sin actualizaciones, la reparación estaba muy lejos.
La norma resuelve que los aumentos se calcularán cada mes de acuerdo con el último dato de inflación disponible, es decir, con un desfase de dos meses respecto de la inflación vigente al momento de liquidar los haberes jubilatorios.
Con la nueva medida, que el Ejecutivo incluyó y busca aprobar dentro de los Presupuestos de 2025, el Gobierno quiere «reducir la litigiosidad» a costa de «dejar las jubilaciones congeladas en el nivel histórico en el que se encuentran hoy, sin posibilidad de mejorar». » advierten desde CEPA.
En diciembre, por ejemplo, tendrán un aumento de 2,69 por ciento, acorde con la variación que registró el IPC en octubre, cuestionada incluso por el propio jefe del organismo de medición, Marcos Lavagna. El economista, encargado del INDEC, considera que es necesaria una modificación de la medición que se utiliza desde hace 20 años y “no representa el costo de vida real hoy”.
De no haber vetado la Ley 27.756 sancionada por el Congreso, el Ejecutivo habría podido sostener una recuperación del poder adquisitivo de las pensiones con un aumento único del 7,2 por ciento, el activo mínimo equivalente al 109 por ciento de la Canasta Básica Total de un adulto y la cláusula de activación de marzo en caso de una recuperación real de los salarios en el año calendario anterior. Con ese cálculo, en septiembre el aumento habría sido de 33,2 por ciento trimestral, muy superior al 13,4 que resultó del implementado por el último decreto.
Manifiesto admirador de los años 90, el presidente argentino parece querer mejorar las cifras de aquella época: el inicio de su gestión marcó una rápida caída de los activos, un 3% por debajo del poder adquisitivo en el promedio de los gobiernos de Carlos. Saúl Menem, según CEPA.
La consolidación del esquema busca sostener la burbuja libertaria del superávit fiscal a costa de los bolsillos de los jubilados.