El Poder Ejecutivo Nacional extendió la emergencia en el sector energético hasta el 9 de julio de 2025, lo que contempla el aplazamiento de la llamada «normalización tarifaria» prevista para este fin de año. La medida cubre la generación, transporte y distribución de electricidad y gas. Además, se ordenó la extensión de la intervención a ambos entes reguladores, ENRE y Enargas. La medida busca lograr un equilibrio entre la relación con las empresas del sector, que se considera clave en la estrategia de reformulación del modelo económico, y la necesidad de preservar la paulatina caída de la inflación. La normalización de tarifas habría significado la aplicación de fuertes aumentos de tarifas y la abrupta eliminación de subsidios, que en muchos casos han sido decididas pero que han sido postergadas desde los primeros meses de este año.
La secretaria de Energía, María Tettamanti, se esforzó en demostrar que la necesidad de ajustar tarifas, mejorando los ingresos de las empresas concesionarias, sigue siendo una convicción del gobierno.
«Lo ideal sería llegar a una revisión tarifaria para que se concrete y dar una señal a las empresas reguladas», afirmó el funcionario. Tettamanti sostuvo que “la tarifa es un precio y los precios son las señales que tienen las empresas para invertir y los usuarios para consumir, sin esa señal los mercados no funcionan”.
Aseguró que los entes reguladores del sector, Enargas y ENRE, cuyas intervenciones fueron prorrogadas, «están trabajando para concluir la revisión tarifaria integral en los plazos programados, cuanto antes mejor; lo ideal sería llegar a una revisión tarifaria para que está finalizado y se da una señal a las empresas reguladas para los próximos cinco años para que se animen a invertir.
Al mismo tiempo, el decreto que prorroga la emergencia energética también da una señal de tranquilidad a las empresas del sector, instruyendo al Ministerio de Energía a «mantener los niveles de ingresos en términos reales y cubrir las necesidades de inversión, para seguir garantizando «la provisión continua de energía pública». servicios de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los proveedores y usuarios.»
En todo caso, la normativa establece que «la entrada en vigor de los cuadros tarifarios resultantes no podrá exceder el 9 de julio de 2025» y dispone que en el proceso de ajuste tarifario se aplicarán «mecanismos que permitan la participación ciudadana». Es decir, audiencias públicas, en las que las autoridades oficiales dan la oportunidad de hablar a quien desee hacerlo, pero las resoluciones se toman a posteriori sin obligación de tomar en cuenta las propuestas en la audiencia pública.
El Decreto 1023/24 también establece que la prórroga de la intervención del ENRE y Enargas se extenderá hasta que se establezca y ponga en funcionamiento el nuevo Ente Regulador Nacional de Gas y Electricidad, creado por la Ley 27.742, y que unifica a los dos anteriores. en un único organismo de control.
El modelo económico que la actual administración intenta imponer tiene al sector energético como pieza central. Tanto por lo que pretende contribuir a la balanza comercial en el lado de las exportaciones, como por las inversiones que puede atraer en el desarrollo de hidrocarburos, particularmente el desarrollo no convencional.
El propio régimen de incentivos a la inversión (RIGI), propuesto y aprobado en el marco de lo que fue la Ley de Bases, fue diseñado especialmente para el sector. De hecho, YPF es una de las primeras empresas que ya desarrolló un proyecto de inversión que buscará el beneficio de los estándares promocionales de la RIGI, que es el Oleoducto Vaca Muerta Sur, el cual ya entra en etapa de ejecución. Pan American Energy, empresa en la que participa la empresa Bulgheroni, Bridas, también anticipó un proyecto que busca sumarse a la RIGI, para exportar gas natural a través de un barco licuador (para convertir el gas en GNL) que se instalará en las costas. de Río Negro.
A esta situación se vinculan los recientes cambios en el área de Energía, con el desplazamiento de Eduardo Rodríguez Chirillo. La medida acercó mucho más a las empresas dominantes hoy en el negocio energético a la gestión o control del área. El cúmulo de concesiones que ha recibido y recibirá el sector habría sido un claro incentivo para que aceptara no sólo el aplazamiento de las subidas de tarifas previstas, sino también el acuerdo para canjear la millonaria deuda de Cammesa (administradora del mercado eléctrico mayorista ) con centrales eléctricas, para bonos con vencimiento en 2038 a su valor nominal.
Un aumento en electricidad y gas, como el que habría resultado de aplicar la normalización de tarifas, con las subidas ya acordadas en las retribuciones de los distintos segmentos y la eliminación de subvenciones que se consideran excedentes, habría supuesto una grave alteración en el camino de la felicidad que Luis Caputo intenta mostrar con la disminución de la inflación. El aplazamiento, con el acuerdo de las empresas del sector, aclaró ese coste político durante unos meses. En otras circunstancias, los economistas ortodoxos y los políticos conservadores habrían llamado a esto «inflación reprimida».