Las sospechas de irregularidades en torno al remate de un costoso edificio del INTA en la Ciudad de Buenos Aires (Cerviño 3101, Palermo Chico) están lejos de haber sido contestadas. La subasta está prevista para el día 23, a las 10 de la mañana, pero esta semana las autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) revelaron que ya había siete postores registrados para la subasta. Un número inusualmente elevado de competidores para este tipo de subastas de bienes públicos. Con esta información querían demostrar que habrá competencia en una operación que muchos sospechan que se trata de una venta directa, aunque encubierta, al mayor empresario inmobiliario de esta ciudad.
Dado que no fueron revelados los nombres de los supuestos siete, hay quienes desconfían de la veracidad de la información. Entre ellos, la Asociación de Trabajadores del INTA, que presentó una solicitud de información pública a la AABE solicitando, entre otros, que se responda «cuántos postores efectivamente depositaron la garantía de US$ 95.684, establecida en el pliego como condición ineludible para participar en la subasta.»
La solicitud de información pública fue presentada el miércoles pasado por el secretario general de APINTA, Mario Romero, quien en la nota también se identifica como un «excombatiente de Malvinas». Nunca un detalle menor, pero especialmente cuando se trata de una decisión gubernamental que afecta gravemente la soberanía nacional.
La nota resume los temas que más preocupan, en referencia a la decisión de vender un edificio que alberga las direcciones nacionales de Vinculación Tecnológica, y Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional; al Centro de Investigaciones en Economía y Prospectiva; a la Fundación ArgenINTA y la empresa Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (INTeA).
El Decreto 1382, de agosto de 2012, por el que se crea la AABE, establece como requisito para convocar a subasta de un edificio público, que la organización deberá justificar previamente ante el Jefe de Gabinete su desmantelamiento por razones de subutilización. Entre los pedidos de información a AABE, Romero pregunta:
«¿Cuándo se completó este trámite previsto en el artículo 19, art. 8 del decreto 1382/2012? ¿Qué respondió el Jefe de Gabinete de Ministros? ¿Dónde se registra este acto administrativo?»
El líder del sindicato que aglutina al personal también pregunta a las autoridades de la AABE «¿por qué se impone al futuro comprador del inmueble construir allí una torre de alta gama, impidiéndole conservarla como patrimonio histórico-arquitectónico, o hacer una espacio verde, o lo que crea conveniente como propietario.
De hecho, el edificio, hoy de tres pisos, fue ofrecido en subasta con la condición de que el comprador debe construir una torre de al menos el 75 por ciento de las proporciones autorizadas para el área (art. 20 de las Bases). y condiciones). E impone un plazo de un año para iniciar las obras, y de ocho para finalizarlas.
La cláusula no tiene lógica y, aparentemente, tampoco legalidad. Por otro lado, tendría sentido si se interpreta como una norma restrictiva para reducir el acceso a muy pocos, o quizás a un único oferente.
Por otro lado, la solicitud de informes cuestiona «por qué AABE está vendiendo un inmueble registrado a nombre de otro (INTA) sin garantía de desalojo para el comprador frente a la comparecencia de un tercero -en este caso el mismo INTA- que después de la venta reclaman su mejor derecho sobre el bien vendido».
Uno de los puntos controvertidos es la propiedad del edificio. Por escrito corresponde al INTA, como organismo autónomo. Y su directorio, como único comunicado, expresó en reunión de directorio que «no tiene objeciones» a la venta concertada por AABE, pero sin tomar una resolución ni poner en marcha los mecanismos legales para concertar esta operación en su propio inmueble. .
Finalmente, el documento presentado por el secretario general del sindicato pregunta por qué la venta del edificio se basa en que «debe continuar el proceso de venta 2016-2019, proceso donde la AGN informó que el Estado había perdido 62 millones de dólares por a subastas en las que había aparecido un solo postor, a un precio base infravalorado, poniendo a la venta propiedades que no habían sido previamente evaluadas.»
Llama la atención que el documento de la AABE vincule la actual operación con el cuestionado proceso de enajenación del gobierno de Mauricio Macri, entendiendo que se trata de su continuidad. Lógicamente, dado que la subasta está prevista para el 23 de diciembre, se solicita que se informe urgentemente de las cuestiones planteadas.