El Gobierno anunció este miércoles la primera privatización de la presidencia de Javier Milei, se trata de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa), una empresa “hiperestratégica” que fue vendida al consorcio IAF, cuyo principal socio es la estadounidense Arc Energy, una empresa que contribuyó a la campaña de Donald Trump. La firma norteamericana pagará $27 millones por las acciones estatales de Impsa a lo largo de 2025.
Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa) es una empresa argentina estratégica conocida por su trabajo en el campo de la metalurgia y la fabricación de equipos para centrales hidroeléctricas, como turbinas y generadores. Posteriormente se hizo reconocida por su tecnología en energías renovables, como torres eólicas, y en la fabricación de grandes componentes y sistemas para energía nuclear, como los involucrados en el proyecto CAREM. Impsa también fabrica componentes y sistemas para la industria naval.
“Hay pocas empresas en el mundo de su nivel, tiene obras en más de 40 países y filiales en China y Malasia. Tenía casi 1.500 empleados y además tiene una cadena de proveedores de más de 100 Pymes argentinas”, se puede leer en un hilo del ex subsecretario Pyme Pablo Bercovich en Red X. Según el especialista, el presidente “se lo vendió a un amigo de Trump por 25 millones de dólares, después de paralizarlo durante un año para que valiera menos”.
La empresa fue nacionalizada en 2021, durante la presidencia de Alberto Fernández, cuando afrontaba graves problemas de deuda tras la mala administración macrista y negocios con Venezuela que no fueron cobrados (se estima una deuda de 300 millones de dólares). Para el Estado esta adquisición fue estratégica ya que le permitió ampliar capacidades tecnológicas al abastecer a las grandes represas hidroeléctricas y al proyecto CAREM con equipos de fabricación interna.
Es probable que como resultado de esa función estratégica, a través de una privatización barata, la Argentina comience a importar buena parte de lo que Impsa fabricaba hasta ahora. Un claro retroceso en materia industrial y de desarrollo económico por donde se lo mire.
Impsa también tiene una gran presencia internacional, exportando el 85 por ciento de su producción con negocios en más de 40 países. Brasil, Chile, Perú, Colombia y México son algunos de sus principales mercados, pero también ganó licitaciones “incluso con la Marina de Estados Unidos”, afirma Bercovich.
Por el contrario, el Gobierno celebró la privatización que surgió de las negociaciones de la Comisión Evaluadora -integrada por el Fondep del Ministerio de Economía, la Agencia para la Transformación de las Empresas Públicas y la provincia de Mendoza- con los interesados. Según circuló en la prensa, la empresa norteamericana que adquirió Impsa está vinculada al presidente electo Donald Trump porque contribuyó a su campaña.
Según el comunicado oficial del Gobierno, “La Comisión evaluó la única oferta presentada para la adquisición de las acciones (de IAF y su socio Arc Energy), que mejoró significativamente las condiciones de la oferta inicial”. IAF ofreció 27 millones de dólares como aporte de capital y solicitó un plazo hasta el 31 de enero para refinanciar la deuda de la empresa, que asciende a 576 millones de dólares.
La decisión de desinvertir las acciones en poder del sector público está alineada con el objetivo de déficit cero del Gobierno y la no asignación de recursos federales a empresas con participación estatal mayoritaria.
La provincia de Mendoza, por su parte, expresó su voluntad explícita de apoyar la decisión del Gobierno nacional. El gobernador provincial, Alfredo Cornejoquien celebró que “Impsa volverá a tener accionistas privados” y felicitó el trabajo del Ministro de Economía y del Presidente Milei. “Privatizamos Impsa”, posteó lleno de orgullo Caputo.
Como parte del capital social de Impsa, el Estado tenía una participación del 63,7 por ciento, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep), mientras que la provincia de Mendoza poseía el 21,2 por ciento. El resto está en manos privadas, repartido entre el 5,3 por ciento de la familia Pescarmona -que creó la empresa allá por 1907- y el 9,8 por ciento pertenece a otros acreedores privados a través de fideicomisos de garantía.
Impsa no formó parte de la lista de 41 empresas a privatizar incluidas originalmente en el proyecto de Ley Base y tampoco formó parte de las 8 empresas sujetas a privatización en la nueva versión del reglamento sancionado en junio pasado.