En junio de 2024, el gobierno nacional logró aprobar un texto de Ley de Bases y Principios que solo contenía ocho empresas que integraban la lista de “sujetas a privatización”. Vale recordar que el Capítulo 2 de la Ley Base que el Gobierno llevó originalmente al Congreso incluía a unas 41 empresas, pero la ambición del oficialismo cosechó varios rechazos.
Finalmente, en la versión reducida de la Ley que ingresó al Congreso a mediados de año solo se incluyeron ocho empresas. Entre los que quedaron excluidos del proyecto legislativo destacan YPF, Banco de la Nación Argentina, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y el Sistema Nacional de Medios Públicos.
Las empresas públicas incluidas en la Ley Base para la privatización son Intercargo SAU -que presta servicios de rampa y transporte de pasajeros en aeropuertos-, Enarsa, Nucleoeléctrica Argentina -opera las tres centrales nucleares de Argentina- y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) –productora de energía termoeléctrica-.
Por otro lado, figuran como sujetas a privatización o concesión: Agua y Saneamientos Argentinos SA –a quien el Gobierno benefició a lo largo de 2024 con aumentos tarifarios-, Belgrano Cargas y Logística SA –que fue emblema de crecimiento en gobiernos pasados-, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE) –que está en el punto de mira por su alto déficit- y Corredores Viales SA –que administra las principales carreteras y rutas de 13 provincias de Argentina.