La Justicia de Estados Unidos volvió al ruedo contra Argentina en el juicio a los fondos buitres por la expropiación de acciones de YPF. La jueza Loretta Preska pidió al gobierno que informe dónde está el oro del Banco Central. El año pasado, la autoridad monetaria movilizó parte del oro en reservas en el exterior. Esta medida ahora pone estos recursos en riesgo de incautación. La propuesta del juez norteamericano surge del pedido de fondos de alto riesgo que litigan contra el país desde hace varios años, y pretenden cobrar una cifra multimillonaria en el juicio por la nacionalización de YPF.
Según estimaciones del mercado, el año pasado el gobierno envió al extranjero más de 6 toneladas de oro del Banco Central. Se estima que alrededor del 60 por ciento de las reservas de oro de la entidad se encontrarían fuera del país, habiendo sido inicialmente enviadas al centro financiero de Londres. El pedido de la justicia estadounidense, a favor de los grupos especulativos de Nueva York, no se condice con la imagen de cariño, admiración y apoyo que suele mostrar el gobierno como condición dominante en la relación entre ese centro financiero mundial y el Presidente. Javier Milei.
Sebastián Maril, de LATAM Advisors, aseguró que Preska criticó abiertamente la actitud de Argentina en relación a la entrega de documentos e información solicitada. El juez dijo que “se ha invertido más tiempo y dinero en defender la entrega de estos documentos que en realizar dicha entrega”, según citó el consultor.
Se trata de un nuevo capítulo en el litigio que enfrenta a la Argentina con fondos buitres como el Burford por YPF. El juez Preska aclaró que, independientemente de si las reservas de oro están bajo custodia del Banco Central o no, Argentina tiene la obligación de aportar cualquier documentación que tenga sobre estos activos. Este requisito subraya la necesidad de cumplir con las órdenes judiciales estadounidenses.
El fallo también incluyó observaciones sobre la integridad de los documentos entregados hasta el momento. Los documentos solicitados están relacionados con activos estratégicos del país, generando alto interés internacional y posibles implicaciones significativas en el caso por la expropiación de YPF, considerada una de las disputas más relevantes entre un Estado soberano y acreedores internacionales. Uno de los puntos clave es lo que puede pasar con el oro de Argentina.
Maril explicó las diferencias entre los sistemas judiciales estadounidense y argentino, aspecto clave para entender el fallo de Preska. “El sistema judicial argentino es diferente al americano. La sentencia de Preska es firme, aunque es apelable y ha sido apelada”, dijo. También recordó que hay diferentes formas de evitar embargos. Por ejemplo, presentar una garantía. “Preska lo recomendó apenas asumió Javier Milei, pero el presidente no lo hizo por otras prioridades”.
Desde el pasado 30 de enero, cuando se ordenaron las medidas iniciales, se iniciaron procesos para intentar embargar activos argentinos, como las acciones de YPF en manos del Estado o el oro del Banco Central, de acuerdo con los pedidos de los beneficiarios del fallo. .
Respecto a la inmunidad de los activos argentinos, Maril explicó que el juez enfatizó que “a usted no le corresponde decirme qué activos gozan de inmunidad soberana y cuáles no”, sino que “tiene que presentarlo y yo decido qué es inmune”. Esto incluye propiedades consulares, cuentas bancarias y reservas de oro.
Uno de los objetivos de los demandantes es demostrar que Argentina utiliza activos soberanos para actividades comerciales, lo que podría hacerlos embargables. “Si utilizó una cuenta de propiedad consular para un pago comercial, eso es algo que los demandantes buscan identificar”, dijo Maril. Lo mismo sucedería si se demostrara que el gobierno utilizó las reservas de oro del BCRA como garantía para obtener un préstamo en el exterior.
Respecto a la estrategia del Gobierno respecto al caso, Maril afirmó: “Si hay algo que este gobierno no cambió es la estrategia jurídica. Es el mismo que tuvieron CFK, Macri y Alberto. La estrategia legal es patear la pelota”.
El litigio por la expropiación de YPF se encuentra en una etapa crucial. La sentencia inicial dictada por Preska acumula más de 16 mil millones de dólares, incluyendo intereses y honorarios legales, de los cuales mil millones de dólares corresponden a este año. Burford, que invirtió 400 millones de dólares en la demanda y luego vendió el sesenta por ciento de sus intereses para financiar el litigio, busca cobrar la sentencia este año.
Burford continúa litigando en primera instancia sobre temas paralelos, como la posibilidad de que la justicia estadounidense determine que YPF actúa bajo órdenes del Estado argentino, lo que le permitiría seguir adelante con embargos y eventualmente hacerse cargo de las acciones de YPF en manos de del Estado como parte del pago. .
Los fondos buitres esperan cualquier ventaja que puedan obtener de las acciones de la petrolera, que han experimentado un boom de precios en los últimos meses. El crecimiento sostenido de las acciones de YPF en Wall Street les permitió acumular una suba superior al 170 por ciento en un año.
Los buitres estarían dispuestos a aceptar una negociación con el gobierno en la que haya reducciones de capital o pago mediante bonos soberanos. Según un informe de Bloomberg, incluso se evaluaron opciones como los bonos “cupón cero” a diez años, que no generan intereses y comienzan a pagarse después de una década.