La decisión del gobierno de emitir un decreto de necesidad y urgencia de dar un curso a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es una nueva muestra de incumplimiento y violación de la ley por parte de esta administración.
Dicha decisión implica una violación flagrante de la Constitución Nacional y las Leyes que están llenas.
Por ejemplo: la ley 27612 para fortalecer la sostenibilidad de la deuda pública requiere, con respecto a una operación de crédito con el FMI o cualquier expansión de un crédito existente, dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la remisión del acuerdo completo al Congreso Nacional (hablamos sobre las condiciones a las que está sujeto el préstamo). Por el otro, el Expresa la aprobación de dicho acuerdo o expansión, a través de una ley del Congreso. (Art.2)
Esta ley no puede ser suministrada por una DNU.
El requisito de aprobación expresa del Congreso crea un doble control del respeto por la ley, en el sistema gubernamental republicano a través de un sistema de freno y contrapeso entre los poderes del estado. Para dejar en claro: los funcionarios del poder ejecutivo firman el acuerdo, pero deben ser aprobados expresamente por una ley del Congreso que analice las condiciones a las que está sujeta la entrega de los fondos.
Es absolutamente una locura pensar que el poder ejecutivo, que a través de su ministro de economía firmará el acuerdo futuro con el fmi- Además, lo aprueba a través de una DNUPasando sobre la facultad expresa del Congreso. Hacerlo no es legal.
Las condiciones impuestas al acuerdo con el FMI no deben y no pueden ser un secreto para la sociedad, Porque como vimos, Los compromisos que se suponen Hipoteca el bien de muchas generaciones de argentinos y argentinos.
Ya vimos esta situación: es la réplica que sufrimos durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri. El gobierno de Macri no respetó los procedimientos administrativos para la aprobación del acuerdo con el FMI. Omitió la opinión legal; El informe del banco central sobre cómo afectó el saldo de pago, entre otras violaciones. Ese acuerdo significaba para el país una deuda de 45,000 millones de dólares utilizados principalmente para el escape de capital, de los cuales toda la población debe hacerse cargo hoy.
For these breaches, former President Alberto Fernández issued Decree Pen 239/2021 that instructed the Treasury Procurement to be presented as a complainant in case No. 3561/2019 “Macri Mauricio and other s/fraud by fraudulent administration and against the public administration”, and to initiate civil actions in that cause to the recovery of the recovery of the patrimonial damage.
Fingir aprobar el acuerdo futuro con el FMI a través de una DNU, lo que significa las condiciones y el destino que se otorgarán a esos fondos: viola todo el orden legal institucional y traerá consecuencias muy serias para la sociedad. Aunque quieren hacernos creer que esta no es una deuda nueva, una vez que se cierre el acuerdo, debemos más dólares al FMI.
La DNU no fue proporcionada por la Asamblea Constituyente de 1994 como una herramienta para violar los poderes que las leyes y la Constitución colocaron en el jefe del Congreso. Sería bueno si los funcionarios del FMI toman nota de esta violación por parte del gobierno, si realmente están preocupados por la institucionalidad y el apoyo de las fuerzas políticas a un acuerdo futuro. Esta institucionalidad brillará por su ausencia si el acuerdo se aprueba mediante una DNU, y transmitirá la deuda ilegítima.
Argentina tiene normas que consagran la responsabilidad de los funcionarios públicos, sea cual sea su rango, cuando debido a su intención, culpa o negligencia, no cumplen sus funciones, violan las leyes actuales y generan daños económicos al estado. Antes de la ilegalidad de sus acciones, Debes responder con tu propio patrimonio.
Todavía estamos esperando que el Congreso cumpla con su papel y que el poder judicial esté a la altura de las circunstancias, cuidando hacer cumplir la ley.
Mientras tanto, la demencia continúa fingiendo.
* Abogado, ex director del Banco Central.
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