El country que ya no sabe quién cuida el portón
Hay una escena que se repite en los barrios cerrados del conurbano: el guardia de la garita ya no anota patentes en un cuaderno. Ahora tiene una tablet, un lector de códigos y una lista que se actualiza en tiempo real. El portón se abre con un pitido, sin que nadie pregunte nada. El auto entra y el guardia vuelve a mirar la pantalla. La escena es eficiente, prolija, casi silenciosa. También es el síntoma de un cambio más grande: la seguridad dejó de ser un servicio público para convertirse en un bien que se compra, se administra y se delega.
La clase media argentina aprendió a convivir con esa paradoja. Paga impuestos que financian una policía que muchas veces no llega, y paga además una cuota mensual que financia una vigilancia privada que sí llega, o eso promete. La crisis y la inflación no hicieron más que acelerar esa lógica: cuando el Estado se vuelve imprevisible, el mercado ofrece respuestas rápidas, aunque sean parciales y desiguales.
Lo nuevo no es la seguridad privada. Lo nuevo es que ahora también la administra un algoritmo. Las apps de monitoreo, las cámaras con reconocimiento facial, los sistemas de alerta vecinal y los grupos de WhatsApp que funcionan como central de emergencias reemplazaron al viejo sereno que conocía a todos por su nombre. El resultado es una vigilancia más ubicua, más barata y más fría. También más opaca: nadie sabe bien quién mira las cámaras, dónde se guardan los datos, cuánto tiempo se conservan ni con qué criterio se decide quién es sospechoso.
La moral del que vigila
En ese desplazamiento hay una pregunta que no se hace lo suficiente: ¿qué pasa con la moral de la seguridad cuando deja de ser una obligación del Estado y se convierte en un servicio que se contrata? El guardia privado no responde a un código público, sino a un contrato. Su lealtad no es con la ley, sino con el cliente. Eso no lo vuelve automáticamente corrupto, pero sí lo coloca en un lugar distinto: ya no protege a la sociedad, protege a una parte de la sociedad. Y esa parte, casi siempre, tiene más recursos que la que queda afuera.
La inseguridad es real y no se resuelve con retórica. Pero la respuesta privada tiene un costo que no siempre se contabiliza: la fragmentación del espacio público. Cada barrio cerrado, cada urbanización privada, cada sistema de vigilancia contratado individualmente construye su propio perímetro. La ciudad se vuelve un archipiélago de jurisdicciones donde la protección depende de la dirección, del poder adquisitivo y de la capacidad de pagar una aplicación.
Hay algo más incómodo. La tecnología promete objetividad: la cámara no discrimina, el algoritmo no tiene prejuicios, el sistema no se cansa. Pero eso es falso. Los algoritmos se entrenan con datos que vienen de un mundo desigual. Las cámaras miran más donde hay más denuncias. Los sistemas de alerta se activan más en los barrios que tienen tiempo y organización para usarlos. La neutralidad técnica es una ilusión que conviene revisar, sobre todo cuando se trata de decidir quién es peligroso y quién no.
El Estado que terceriza el cuidado
Mientras tanto, el Estado observa. A veces regula, a veces no. A veces cobra impuestos, a veces subsidia. Pero en la vida cotidiana de millones de argentinos, la seguridad dejó de ser una experiencia estatal para volverse una experiencia de mercado. Eso tiene consecuencias que exceden el debate sobre la inseguridad: cambia la relación con la ley, con el otro, con el espacio compartido. Si la protección es un servicio, la solidaridad también puede volverse opcional.
No se trata de romantizar al Estado ni de satanizar a la seguridad privada. Se trata de notar que la pregunta por la seguridad es, en el fondo, una pregunta por la convivencia. ¿Quién cuida a quién? ¿Con qué legitimidad? ¿A cambio de qué? Cuando el portón se abre con un pitido y nadie pregunta nada, esas preguntas quedan flotando en el aire, como el zumbido de una cámara que graba sin que nadie recuerde para qué.
Tal vez el problema no sea la tecnología, ni la crisis, ni la desconfianza. Tal vez el problema sea que nos acostumbramos a que la seguridad sea un bien privado y dejamos de discutir qué significa que sea un derecho. Esa discusión sigue pendiente, aunque el portón ya se haya cerrado.
